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PAMI adeuda casi cinco quincenas a las farmacias riojanas: jubilados sin medicamentos y prestadores al borde del colapso

La presidenta del Colegio de Farmacéuticos de La Rioja advierte que la crisis dejó de ser un problema de liquidez para convertirse en un daño patrimonial real: los establecimientos no pueden reponer stock, algunos ya dejaron de atender a PAMI y a APOS, y los afiliados enfrentan copagos que treparon del 0% al 40% en medicamentos que antes tenían cobertura total. El desfinanciamiento del programa Remediar profundiza el cuadro.

La cadena que conecta al jubilado con su medicamento se está rompiendo en La Rioja. La doctora Silvia Brizuela, presidenta del Colegio de Farmacéuticos de la provincia, trazó un panorama de alerta sobre el estado de la relación entre las farmacias locales y el PAMI: la obra social que atiende a los casi seis millones de afiliados en todo el país acumula una deuda de casi cinco quincenas de prestaciones con los establecimientos riojanos, un atraso que se arrastra desde octubre de 2024 y que ya está produciendo daño concreto en la capacidad operativa del sector.

De problema de flujo a daño patrimonial

La distinción que introduce Brizuela es técnica pero políticamente significativa. Durante meses, el sector farmacéutico describió la situación como un problema de flujo de fondos —un desfase temporal entre la prestación del servicio y el cobro—. Esa caracterización ya no es sostenible. Lo que está ocurriendo, según la dirigente, es un deterioro del patrimonio de las farmacias: los establecimientos entregaron medicamentos que no cobraron, no pueden pagar a sus proveedores, y la caída en las ventas no compensa los costos operativos mínimos de funcionamiento.

El ciclo es conocido en cualquier economía con cadena de pagos interrumpida: el prestador que no cobra no puede reponer stock, el que no repone stock no puede atender, y el que no puede atender resigna ingresos que tampoco llegan. El resultado final es la retracción del servicio. Algunas farmacias riojanas ya tomaron esa decisión: dejaron de atender al PAMI y, en casos adicionales, también a otras obras sociales como APOS, la obra social provincial. La crisis de una obra social se derrama sobre las demás.

Los jubilados: más copago, menos cobertura

El impacto sobre los afiliados es directo y cuantificable. Medicamentos que hasta hace poco tenían cobertura del 100% pasaron a un esquema de copago del 40%. Otros que contaban con descuentos del 80% ahora solo cubren entre el 50% y el 60%. Para un jubilado que cobra la mínima —cuya evolución real fue negativa durante 2024 y 2025 aun con los ajustes nominales del gobierno nacional— ese incremento en el gasto de bolsillo en salud no es un dato abstracto: es la diferencia entre completar un tratamiento crónico o interrumpirlo.

Brizuela señaló la consecuencia sistémica que los gestores de política sanitaria suelen subestimar: el abandono de tratamientos por pacientes con patologías crónicas —hipertensión, diabetes, insuficiencia cardíaca— no ahorra dinero al sistema. Lo traslada en el tiempo y lo multiplica en costo, porque la falta de control ambulatorio adecuado desemboca en internaciones que el sistema hospitalario público —ya tensionado en La Rioja— debe absorber sin financiamiento adicional.

Remediar desfinanciado: el programa que compensaba lo que PAMI no cubría

Un segundo factor agrava el escenario. El programa Remediar, la política nacional que garantizaba el acceso gratuito a medicamentos esenciales en los centros de atención primaria de salud, opera con desfinanciamiento desde que la gestión Milei aplicó el ajuste presupuestario al Ministerio de Salud de la Nación. Ese programa cumplía una función de red de contención para quienes quedaban fuera del esquema de cobertura de las obras sociales. Su retracción, simultánea a la reducción de coberturas de PAMI, cierra las dos válvulas de escape que existían para los sectores más vulnerables del sistema sanitario.

Las negociaciones: nacionales, lentas, sin certeza local

La resolución del conflicto no depende de La Rioja. Las negociaciones se desarrollan exclusivamente en el plano central, entre la Confederación Farmacéutica Argentina y las autoridades nacionales del PAMI. El Colegio de Farmacéuticos provincial puede documentar el daño y presionar hacia arriba en la cadena gremial, pero no tiene interlocutor directo con capacidad de decisión sobre los pagos. En marzo se cancelaron algunas de las cuotas adeudadas, pero la regularización total sigue siendo una incógnita sin fecha.

Esa asimetría institucional —un problema local que solo se resuelve en Buenos Aires— es estructural en la Argentina federal y se repite en salud, educación, obra pública y política social. La Rioja lo experimenta de manera amplificada porque su sistema sanitario público es el principal soporte de una población con alta proporción de adultos mayores, bajos ingresos y escasa cobertura privada alternativa.

El sector farmacéutico califica la combinación de factores como insostenible. No es retórica gremial: es la descripción de un equilibrio que ya se rompió en algunos establecimientos y que amenaza extenderse si PAMI no regulariza la deuda acumulada antes de que el daño patrimonial fuerce cierres definitivos. Cuando una farmacia cierra en el interior profundo, no hay otra que ocupe su lugar al día siguiente.

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