El organismo recaudador nacional inició una ejecución fiscal ante el Juzgado Federal de La Rioja contra el Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de la provincia. La deuda reclamada supera los $5,4 millones y el juez subrogante ya ordenó embargar cuentas y fondos de la institución.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), ex AFIP, cruzó la línea institucional y llevó al Consejo Profesional de Abogados y Procuradores de La Rioja ante la Justicia Federal. El organismo nacional presentó una demanda de ejecución fiscal que quedó radicada bajo el expediente 13187/2026 en el Juzgado Federal de La Rioja, con el reclamo de una deuda que asciende a $5.407.410,28 en concepto de capital, a la que se suma un 15% adicional estimado en forma provisoria para cubrir intereses y costas del proceso.
La resolución, firmada digitalmente el 7 de abril de 2026 por el juez federal subrogante Mario Martínez —quien asumió el despacho del juzgado ante la licencia del titular Daniel Herrera Piedrabuena hasta el 19 de abril inclusive—, admitió la demanda y activó de inmediato un arsenal de medidas cautelares contra la entidad que nuclea a los profesionales del derecho en la provincia.
El magistrado ordenó librar mandamiento de intimación de pago al Consejo, con un plazo de cinco días hábiles para que la institución abone la deuda o, en su defecto, oponga las excepciones legales que considere pertinentes. En forma paralela, dispuso trabar embargo general sobre fondos y valores depositados en entidades financieras, cuentas corrientes, cajas de ahorro, plazos fijos y activos financieros de los que el organismo demandado sea titular. Los fondos que resulten alcanzados por la medida deberán transferirse al Banco de la Nación Argentina, Sucursal La Rioja, a la orden del juzgado.
La causa se enmarca en el artículo 92 de la Ley 11.683, que regula el procedimiento de ejecución fiscal aplicable cuando el Estado nacional reclama deudas impositivas o previsionales ante la justicia. La ARCA quedó habilitada para levantar las cautelares en caso de que el Consejo cancele o regularice la deuda reclamada, sin necesidad de una nueva autorización judicial.
El caso pone bajo la lupa la situación financiera del Consejo Profesional de Abogados y Procuradores, una institución que en los últimos tiempos ya había protagonizado tensiones internas de público conocimiento en La Rioja. La intervención del organismo recaudador nacional —en el marco de la política de cumplimiento fiscal impulsada por el gobierno de Javier Milei— agrega un nuevo capítulo a esa historia y eleva la presión sobre sus autoridades actuales.
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