El secretario general del sindicato docente de la UNLaR advirtió que el desfinanciamiento del gobierno nacional hace «imposible» sostener el funcionamiento de las cinco sedes de la institución en la provincia. Una marcha nacional está prevista para mayo y las carpas informativas ya se instalan en las calles.
La crisis de las universidades públicas argentinas tiene una cara concreta en La Rioja. La Universidad Nacional de La Rioja (UNLaR) atraviesa un proceso de desfinanciamiento que ya no es gradual sino abrupto, y sus consecuencias empiezan a tocar lo que hasta ahora parecía intocable: las becas estudiantiles, el funcionamiento de las sedes del interior provincial y la calidad académica de una institución que es, para miles de riojanos, la única puerta de acceso a la educación superior.
Diego Morales, secretario general del Sindicato de Investigadores y Docentes de la UNLaR (SIDIUNLaR), salió esta semana a poner números y nombres a una crisis que el gobierno nacional parece no registrar. En una entrevista televisiva que circuló con rapidez en los círculos educativos y políticos de la provincia, el gremialista trazó un diagnóstico que va mucho más allá de La Rioja: lo que está en juego, dijo, es el modelo mismo de universidad pública argentina.
El recorte que no para: ni siquiera se mantienen los montos anteriores
Morales fue directo desde el arranque. El recorte presupuestario que sufre la UNLaR no es una fotografía estática sino un proceso en curso, y su característica más preocupante es que ni siquiera se han sostenido los montos de años anteriores. En un contexto de inflación acumulada, eso equivale a una reducción real permanente y creciente de los recursos con los que la institución debe operar.
El impacto es inmediato y concreto. La UNLaR cuenta con cinco sedes distribuidas en el interior de La Rioja y diversas delegaciones que atienden a estudiantes en zonas alejadas de la capital provincial. Sostener esa red de presencia territorial bajo las actuales condiciones financieras es, en palabras del propio Morales, directamente «imposible».
«Lo que se ataca es la universidad pública», sentenció el gremialista, en una frase que condensa la lectura política que el movimiento docente hace del ajuste: no se trata de una restricción fiscal coyuntural sino de una decisión deliberada contra el modelo de educación superior gratuita y de gestión estatal.
Docentes que no llegan a fin de mes: la otra cara del desfinanciamiento
El impacto salarial es el otro frente crítico que Morales puso sobre la mesa. Los salarios docentes han quedado muy por debajo de lo que el propio gremio considera necesario para cubrir las necesidades básicas, una situación que no solo afecta el bienestar de los trabajadores sino que comienza a erosionar la calidad educativa de la institución.
La ecuación es simple y brutal: docentes con salarios deteriorados buscan alternativas laborales fuera de la universidad, la retención de cuadros académicos se vuelve más difícil y la excelencia que caracterizó históricamente a la UNLaR empieza a resentirse. El ajuste que el gobierno presenta como fiscal tiene, en la práctica, consecuencias académicas directas que se medirán en años.
Mayo en la calle: marcha nacional y carpas informativas
La comunidad universitaria no se quedó cruzada de brazos. Morales confirmó que está prevista una marcha nacional para el mes de mayo, con el objetivo de replicar la convocatoria masiva que las universidades públicas de todo el país lograron en movilizaciones anteriores y reinstalar el reclamo en la agenda política nacional con la fuerza de la presencia en las calles.
Como paso previo, y siguiendo el modelo que ya comenzó a verse en Buenos Aires, la próxima semana se instalarán carpas informativas en La Rioja. El objetivo es acercar a la sociedad el diagnóstico que los docentes y autoridades universitarias llevan adelante puertas adentro: que la crisis no es abstracta ni técnica sino que tiene consecuencias directas sobre los estudiantes y las familias que apuestan a la universidad pública como herramienta de movilidad social.
Los legisladores, en el banquillo
Uno de los pasajes más incisivos de la entrevista de Morales fue su referencia a los legisladores nacionales. El gremialista reconoció que algunos senadores visitaron la universidad, pero lamentó que ninguno haya brindado una explicación satisfactoria sobre los motivos de lo que calificó como un «avasallamiento» a la educación pública. La visita sin respuestas concretas, en la lectura del sindicalista, equivale a una foto sin compromiso.
La ausencia de una voz legislativa clara en defensa de la institución es, para Morales, parte del problema. En un sistema político donde la educación universitaria debería ser bandera transversal, el silencio de quienes tienen poder real para modificar el presupuesto habla por sí solo.
Un llamado a dejar la política de lado
Consultado sobre la agrupación «Universitarios por la Libertad» —un espacio que reivindica el modelo de ajuste del gobierno dentro del ámbito universitario—, Morales eligió el tono del reclamo institucional por encima del enfrentamiento político. Su mensaje fue directo: «Nos gustaría que se pongan en el lugar de la universidad y no de un lado político.»
La frase condensa una estrategia gremial deliberada: el reclamo por el financiamiento universitario no puede ser secuestrado por la grieta sino que debe presentarse como una causa que trasciende las pertenencias partidarias. Una universidad que no funciona perjudica a todos sus estudiantes, independientemente de su orientación política.
Los exámenes de mayo, en la cuerda floja
Finalmente, Morales abordó una de las preguntas que más inquietan a los estudiantes: qué ocurrirá con los exámenes de mayo en el contexto de las medidas de fuerza previstas. El gremialista reconoció que la coordinación es compleja dado que cada facultad maneja calendarios académicos propios, pero anticipó que se buscará encontrar «ventanas» que permitan no perjudicar las trayectorias de los alumnos. Una señal de que, aun en el conflicto, el movimiento docente no pierde de vista que los más vulnerables ante la parálisis institucional son precisamente quienes más necesitan que la universidad funcione.
La crisis de la UNLaR no es una anomalía local. Es el reflejo amplificado de lo que ocurre en decenas de universidades públicas a lo largo y ancho del país, donde el ajuste del gobierno de Milei golpea con particular dureza a las instituciones que más dependen del financiamiento nacional. Desde La Rioja, la señal de alerta llega con claridad: la universidad pública argentina está en riesgo, y mayo será la próxima prueba de fuego.
