El Ministerio de Seguridad de Argentina ha generado un acalorado debate al anunciar el envío de un proyecto de ley al Congreso para reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años. Esta medida busca enfrentar la impunidad y mejorar la seguridad pública, según lo expresado en un comunicado oficial.
El anuncio, impulsado por el presidente Javier Milei, y redactado en colaboración con el Ministerio de Justicia, propone un cambio drástico en el sistema penal juvenil del país. Actualmente, los menores de 16 años no pueden ser juzgados, y aquellos entre 16 y 18 años sólo son punibles por delitos graves con penas superiores a dos años, aunque no cumplen condenas en cárceles hasta cumplir la mayoría de edad.
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, explicó que la decisión se basa en la necesidad de dar respuesta a la ciudadanía y acabar con lo que denominó «puerta giratoria» en la justicia penal. Sin embargo, esta propuesta ha suscitado críticas y comparaciones con los sistemas penales juveniles de otros países de la región.
Situación en la región
Brasil:
En Brasil, la edad de imputabilidad es de 18 años. Sin embargo, desde los 12 años, los menores pueden ser sometidos a medidas socioeducativas en lugar de penas carcelarias. Estas incluyen internación en establecimientos educativos por un máximo de tres años, semilibertad y participación en programas educativos y culturales. El sistema está diseñado para la rehabilitación y la reintegración de los menores en la sociedad.
Chile:
En Chile, la edad de imputabilidad también es de 18 años. No obstante, existe un sistema de justicia penal especial para adolescentes de 14 a 17 años. Este sistema garantiza la defensa gratuita y especializada para los menores y contempla la internación en centros específicos para adolescentes, donde se les brinda acceso a educación y programas de rehabilitación.
Uruguay:
Uruguay mantiene la edad de imputabilidad en 18 años. Para los adolescentes de 13 a 17 años, existe un sistema infraccional que maneja las infracciones de manera diferente al sistema de adultos, con sanciones menos severas y un enfoque en la rehabilitación. En 2014, un plebiscito para reducir la edad de imputabilidad a 16 años no obtuvo suficiente apoyo.
Recomendaciones internacionales
Unicef y la Convención sobre los Derechos del Niño de la ONU recomiendan que la edad mínima de imputabilidad no sea inferior a los 14 años y que se acerque lo más posible a los 18 años. Argumentan que bajar la edad de imputabilidad podría ser un retroceso en materia de derechos humanos y una medida ineficaz para mejorar la seguridad.
Según expertos y organismos internacionales, en lugar de reducir la edad de imputabilidad, sería más adecuado mejorar y fortalecer los sistemas de justicia juvenil especializados, enfocándose en la rehabilitación y reintegración de los menores en conflicto con la ley.
Opinión pública y debate
El anuncio del proyecto de ley ha dividido a la opinión pública. Algunos sectores apoyan la medida como una solución necesaria para enfrentar la delincuencia juvenil, mientras que otros advierten sobre los riesgos y posibles violaciones a los derechos de los menores.
A medida que el proyecto avanza hacia el Congreso, el debate continuará, con la mirada puesta en cómo Argentina puede equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de los derechos de sus jóvenes ciudadanos.
